Comunidad nativa quiere que llos gobiernos dejen de tratarlos como ciudadanos de segunda clase y respeten sus derechos básicos.

 

Nuevo Andoas, comunidad indígena ubicada en la selva peruana, no quiere políticas asistencialistas. Solo quiere que las autoridades de su país dejen de tratarlos como ciudadanos de segunda clase y respeten sus derechos básicos. Su gente enfrenta una lucha con las autoridades nacionales y locales por la titulación integral de sus tierras y por la remediación ambiental de sus territorios –que sufren más de 40 años de contaminación petrolera irresponsable.

A solo 10 minutos de Nuevo Andoas, una comunidad indígena de aproximadamente 2000 habitantes, ubicada en el amazónico departamento de Loreto, al norte de Perú, pueden apreciarse los fragmentos dispersos de una larga historia de contaminación y atropello ambiental.

Teddy Guerra Magin, quien a sus 30 años es apu (jefe) de esta comunidad de mayoría étnica quechua, guía nuestros pasos por un camino boscoso y lleno de lodo. Hemos llegado a Isma Caño. Teddy nos indica que paremos. Hunde una pala en la tierra y sale un líquido aceitoso. Sumerge una gran hoja verde y la retira bañada en petróleo. El silencio se apodera del apu, del grupo de monitores ambientales que nos acompañan, de todos. Este lugar solía ser una cocha, como se le llama en la selva peruana a los lagos en forma de media luna que abundan en la llanura amazónica. Luego de numerosos derrames y vertimentos no autorizados, los responsables de las explotaciones petroleras tuvieron por Ley que “remediar” la contaminación. Entre otras cosas, le echaron tierra encima, pero no pudieron tapar el horror. “No descansaremos hasta que se remedie el daño que han ocasionado al ambiente y a nuestra salud. Queremos nuestro territorio, pero un territorio contaminado y sin titular es una amenaza a nuestras vidas y a nuestra identidad”, dice el apu Teddy, padre de tres hijos. A pesar de tantos años de atropellos, no hay resignación en sus ojos: su espíritu es de lucha.

Nuevo Andoas permaneció invisible para la mayoría de peruanos hasta 1971, cuando la zona se convirtió en la mayor promesa de reservas hidrocarburíferas del país. Ubicada en la selva norte de Perú, específicamente en la cuenca alta de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre –afluentes todos del Marañón, el mismo que junto con el rio Ucayali, forma el Amazonas—, la zona fue rebautizada por el Estado como el Lote 1AB, y posteriormente como Lote 192 (lotes petroleros, que el Estado concesiona). Así, en la enorme extensión inicial del lote (479.000 hectáreas aproximadamente), empezó la exploración y explotación de hidrocarburos. Los conocidos mapas boscosos de la selva peruana tuvieron y tienen sus símiles petroleros que fragmentan la Amazonía en innumerables lotes discontinuos de petróleo. En esos mismos lotes vivían y viven numerosas comunidades nativas en sus territorios ancestrales.

En paralelo a los más de 40 años de explotación petrolera en el Lote 192 –la Occidental Petroleum Corporation del Perú lo operó de 1971 a 2000, Pluspetrol, de 2000 a 2015, y Pacific Stratus Energy, de 2015 hasta hoy—, hay una historia probada de grave contaminación de cuerpos de agua, suelo y aire, todo ello sumado a la precariedad con la que viven los habitantes de Nuevo Andoas. En 2013, cuando el lote era operado por la argentina Pluspetrol, el Ministerio del Ambiente de Perú declaró la emergencia ambiental de la cuenca del Pastaza. En 2014, un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Perú, encontró 92 sitios impactados (y no declarados) por la actividad petrolera. Además, en 2015 la misma Pluspetrol declaró ante el Estado más de 2.000 pasivos ambientales dentro del Lote 192. La denominación de pasivo ambiental fue rechazada por las autoridades por tratarse de una empresa que estaba operando en ese momento. De acuerdo con la Federación Nativa Quechua del Pastaza (Fediquep), Pluspetrol se comprometió a remediarlos, pero dejó el lote ese mismo año y sin cumplir el acuerdo.

Teddy Guerra, quien no ha conocido lo que es un Nuevo Andoas sin la problemática convivencia con las petroleras, resume así la situación: “Para nuestros abuelos el bosque era sagrado por ser una despensa de alimentos que comían sin miedo. Hoy comemos con temor a enfermarnos, pero principalmente tememos por la salud de nuestros hijos”, dice. Para Guerra, las empresas y gobiernos los han tratado como ciudadanos de segunda clase. “Tenemos los mismos derechos que todos los peruanos y pelearemos para que esos derechos se respeten”, añade. Cuando Guerra habla de derechos, se refiere a vivir en un territorio libre de contaminación y titulado.

Pero, ¿es posible remediar la contaminación de la zona? Algunas personas con las que conversamos y que prefieren no ser citadas en este artículo, son bastante escépticas. “El daño es irreparable”, sostienen, para luego añadir no sin cierta resignación, “¿pero qué vamos a hacer?”.

Andoas: Un territorio nativo minado de contaminación petrolera - Cecilia Niezen

FOTO: PERCY RAMÍREZ

ENCUENTRO DE APUS

Organizados en la Fediquep, 20 apus de toda la cuenca del Pastaza llegaron a Nuevo Andoas para participar en una asamblea que se desarrolló del 3 al 5 de setiembre pasado. Aurelio Chino, el presidente de la Fediquep, inauguró la asamblea en quechua, con mensajes a los apus, al gobierno actual y al Gobierno Regional de Loreto. El mensaje principal, dirigido al presidente Pedro Pablo Kuscynsky (PPK), fue que no olvide los compromisos asumidos con las poblaciones indígenas. La asamblea cerró su sesión con la decisión de reunirse con representantes del Ejecutivo en Lima.

Aurelio Chino informó a los apus sobre su encuentro con PPK en Lima, en julio pasado, pocos días antes de que asumiera la presidencia. Los compromisos asumidos por el hoy mandatario del Perú fueron remediar los impactos ambientales, titular sus tierras e impulsar proyectos productivos, de educación y salud.

El 10 de marzo del 2015, los presidentes de las federaciones de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, así como los representantes del gobierno nacional y regional de Loreto firmaron el Acta de Lima. Entre otros puntos, se determinó la creación de un fondo de S/.50 millones (US$16 millones aproximadamente) para acciones de remediación ambiental de sitios impactados por la actividad de hidrocarburos en dichas cuencas. Pero ese fondo es como un espejismo porque la ley que lo gestiona carece de reglamento.

Por otro lado, los habitantes de Nuevo Andoas saben que el fondo puede ser irrisorio para la magnitud del daño, pero no pueden esperar más para su implementación. La consultora E-Tech International ha calculado en US$1.000 millones la suma que se necesitan para una adecuada remediación del Lote 192.

Y viene la pregunta ¿por qué las autoridades tardan tanto tiempo en remediar y titular el territorio de los quechuas pero están tan prestas a impulsar una actividad petrolera que, en este caso, no respetó estándares mínimos ambientales y sociales? El apu Aurelio Chino es de la opinión que para actuar, hay que ver (y sentir) lo que años de explotación han hecho con sus territorios. Chino pide a las autoridades del país que visiten la cuenca del Pastaza y vean con sus propios ojos los graves impactos de la actividad petrolera a los cuerpos de agua, a los animales, a los alimentos, a los seres humanos. Él viaja con cierta frecuencia desde su comunidad, Loboyacu, ubicada a orillas del río Pastaza, a Lima. Su viaje puede tomar dos a tres días, dependiendo del clima y de las condiciones del río (aproximadamente unas 15 horas de recorrido fluvial por el Marañón y un tramo en avioneta hasta Yurimaguas, para de ahí llegar por tierra a la ciudad amazónica más cercana con vuelos a la capital peruana).

No es exagerado afirmar que la distancia física que separa Lima de la cuenca del Pastaza es proporcional a la indiferencia que la capital y sus autoridades sienten hacia Nuevo Andoas y su gente.

EL PEDIDO DE TITULACIÓN INTEGRAL

Una de las principales demandas de los apus del Pastaza es la titulación integral de sus territorios. De hecho, los problemas que hoy enfrentan tienen como base territorios ancestrales no titulados. “Con la titulación integral se pudo evitar que nuestros territorios sean entregados por el Estado vía servidumbre gratuita a las empresas petroleras”, dice el apu Teddy Guerra. En opinión de Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam, el pueblo quechua del Pastaza posee el derecho territorial preexistente como pueblo originario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. “Sin embargo, al no contar con la titulación colectiva de sus territorios no pueden ejercer su debida defensa”. Pinto explica que el Gobierno Regional de Loreto, encargado de titular a las comunidades nativas, pretende otorgarles títulos recortados, dejando de lado aquellas áreas donde se ubican las instalaciones petroleras (campamento, aeropuerto, ductos, pozos) por decisión del Ministerio de Energía y Minas del Perú.

Pero la población quechua exige la titulación completa del territorio. Como dice el apu Teddy Guerra, “sin la titulación integral de nuestros territorios no tenemos garantías sobre nuestro futuro, no recibimos ningún tipo de compensación por el uso de nuestras tierras, pero lo más grave es que la amenaza que nuevas operaciones petroleras irresponsables se asienten sobre nuestras tierras continúa. Queremos vivir tranquilos”. Como el lema que figura en una banderola del local comunal de Nuevo Andoas: “Kausachun pueblo quechua”, que significa ¡Que viva el pueblo Quechua! ¡Solo queremos que nos dejen vivir en paz!

(Foto cabecera: Julie Amira Byrnes)

Esta nota fue publicada originalmente en Univisión.

Cecilia Niezen

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