(Foto: La República)

Acabo de terminar de leer “La verdad de una mentira”, publicación de María Cecilia Villegas, que coloca como mito las más de 200 000 esterilizaciones forzadas realizadas entre 1996 y 2000. He seguido este caso, sin embargo, es tan complejo que mis opiniones son generales. En 2008, mientras hacía mi maestría, hice un trabajo sobre este tema para un curso de investigación y le escribí a Giulia Tamayo (quien ya no está con nosotros). Ella me recomendó leer “Silencio y Complicidad” y “Nada Personal”. Esta última, es una investigación que ella realizó con Cladem y que fue impresa en abril de 1999. Es decir, en plena etapa de aplicación del polémico Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Quedé impresionada con varios puntos. La lista que recogía la publicación de Tamayo de personas fallecidas en intervenciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), que no eran necesariamente voluntarias, y las causas de estas muertes. Quedé impresionada también con las secuelas físicas y emocionales que quedaron en las mujeres que fueron el principal foco de este programa. Entre una publicación (Villegas) y otra (Tamayo) hay un abismo. Parece que se contarán dos historias diferentes en dos países diferentes. Estas son mis opiniones, como señalé, muy generales.

1. No estoy de acuerdo con quienes afirman que la publicación de Villegas aporta al debate sobre el programa que aplicó el fujimorato. Creo que en materia de violación de DD. HH., y con tanta evidencia acumulada en más de 15 años sobre este penoso caso, no puedes aportar al debate empezando por negar hechos, miles de testimonios, y referirte al “mito”.
2. Villegas dice que las “metas” del programa tenían relación con el presupuesto público que debía destinarse al programa. Así, niega las coutas. Para ella no hay evidencia de esas cuotas. Es decir, los testimonios de los médicos, incluso el del presidente de la Federación de Médicos del Perú, no sirven. Rogelio del Carmen, un médico anestesiólogo de un nosocomio de Castilla, Piura, narró que en 1997 les llegó un oficio del director de Salud de la región que decía que debían esterilizar ya no a dos mujeres al día sino a 62 “…de acuerdo con el mandato del Ministerio de Salud, en cumplimiento de una política de Estado del régimen de Alberto Fujimori. Las esterilizaciones compulsivas eran una orden de Palacio de Gobierno no eran una obra de los médicos”, dijo. (La República, 2015)
3. La autora, cuando niega o pone en tela de juicio las cuotas del programa, parece no haber visto los cárteles de festivales de ligaduras de trompas en varios sitios del país, los volantes y, otros mecanismos de propaganda que figuran en la publicación de Tamayo y en otras investigaciones sobre este caso. Para Villegas esas no son pruebas. Parece que para ella, aunque no lo diga explícitamente en su libro, las palabras de los ministros de Salud de esa época (Costa, Aguinaga y Yong) representan la verdad. Claro, ellos nunca dirán: “sí, este fue un programa que buscaba reducir el nacimiento de niños en hogares pobres presionando a las mujeres para que sea realicen una AQV y firmen su consentimiento como sea: con incentivos, bajo amenazas, mentiras, dinero, comida, etc”. Eso jamás lo afirmará un ministro… de hecho, esas autoridades, que tienen responsabilidad política directa, están hoy libres pese a que hay pruebas contundentes que se ningunean: los testimonios de miles de mujeres. En resumen, considero inocente, poco riguroso, y sesgado, decir que no hay pruebas porque las fuentes oficiales no lo consignan.
4. La tesis que la política pública funcionó, pero que efectivamente hubo malas prácticas que dependieron básicamente de algunos médicos es indefendible. Villegas se pregunta: ¿Por qué los médicos consideran que tienen derecho a tomar una decisión trascendental sobre el cuerpo de sus pacientes? Una vez más, reduce la responsabilidad a los médicos y personal de salud. Lo que no se pregunta es por qué Fujimori no sabía nada. Por qué los ministros de Salud ni se enteraban de la cantidad de eventos pro AQP sin consentimiento y de las malas prácticas en casi todo el país. Ella dice: “se ha buscado demostrar la responsabilidad de altos funcionarios del Estado sin señalar la de los médicos”. Sostiene que el cuerpo médico, “dentro de la implementación del programa que buscaba reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas debe ser sancionado”. No los ministros de ese régimen ni el expresidente. Así, ella concluye, política buena, con resultados buenos, malos ejecutores en algunos sitios. Inevitable sentir en cada página un sesgo de defensa al fujimorato.
5. Dice que el Ministerio de Salud (Minsa) debió monitorear mejor para garantizar que las autoridades de salud subnacionales, responsables de implementar el programa, sigan las normativas. ¿Solo eso? Si no existían esas condiciones no se ejecutaba el programa (creo).
6. Villegas hace referencia a cómo se creó el mito de las 300 000 esterilizaciones forzadas y presenta su publicación como “un estudio basado en evidencia que demuestra no solo la existencia de ese mito sino sobre todo, cómo la ausencia de la verdad y manipulación política pueden dañar una política pública válida y necesaria para las mujeres peruanas”. No encuentro dónde está el mito. Su publicación no sustenta para nada que se trate de un mito. Para ella, el programa benefició a 850 000 mujeres y fue cancelado por 500 denuncias, de las cuales solo 380 se vinculaban a AQV y no todas ellas realizadas sin consentimiento. Así, Villegas habla bastante cómoda de un mito.
7. Afirma que durante la duración del programa (1996-2000) se proporcionó métodos anticonceptivos modernos a aproximadamente 850 000 parejas por año, incluyendo un total de 254 445 AQV. Añade que según Defensoría, hubo 500 denuncias investigadas sobre irregularidades en la implementación, de las cuales, 200 se relacionaban con AQV. Es decir, solo el 0,07% de las realizadas. Además sostiene que, entre 1990 y 2000, es decir, en los años de dictadura, la tasa total de fertilidad cayó en áreas rurales de 6.2 a 4.3 hijos. Dice que los servicios de salud reproductiva se incrementaron y se redujo en 35% la mortalidad materna en ese mismo periodo. Es decir, la política para ella fue un éxito, salvo por esos casos que identifica más como responsabilidad del cuerpo médico y que lamenta…
8. Como fuente clave tiene al Minsa y los lineamientos del mismo programa. Hay que ser bien inocente para analizar este caso tomando como referencia principal al cuestionado ministerio que lideró esta intervención, que prefiero no llamarla política pública.
9. Cita el Manual de normas y procedimientos de anticoncepción quirúrgica y voluntaria y las modificaciones que tuvo por recomendaciones de la Defensoría. Es decir, hay un manual oficial, se modifica y, por eso asume que en la mayoría de los casos hubo consentimiento de las miles de mujeres que fueron sometidas a las AQV. Sí, tal vez muchas firmaron, pero los abundantes testimonios de coerción y presión ni pueden obviarse ni son aislados. Cita encuestas oficiales y me permito dudar de fuentes oficiales, especialmente durante las de los años del fujimorato.
10. Dice que no puede sostenerse que el programa tuvo por objetivo usar las AQV para evitar el nacimiento de los niños en hogares pobres pues el 87% de métodos usados eran reversibles. Es decir, evitaban el embarazo temporal (no eran ligaduras de trompas o vasectomías). De nuevo, parte de la tesis errada que las AQV eran consentidas en casi todos los casos. Nuevamente, numerosos testimonios que están a su alcance dan cuenta de lo contrario.
11. Finalmente, creo en la importancia de la planificación familiar y reproductiva, pero basada en el respeto a la autonomía y poder de decisión de las personas. Una política pública destinada a este fin debe asegurar el consentimiento de las personas, el respeto y las condiciones de salud adecuadas. Si hay una intervención quirúrgica, por ejemplo, debe realizarse en las condiciones óptimas, con el personal adecuado, con un proceso post operatorio adecuado. Estas condiciones no se dieron. Por eso, negar la intencionalidad política del fujimorato y su responsabilidad en la esterilización de más de 200 000 mujeres, miles de ellas sin su consentimiento, es irresponsable y obstaculiza la justicia que ellas (pues las víctimas son principalmente mujeres) o los deudos de quienes murieron siguen buscando hace años.

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Cecilia Niezen

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