La hija mayor de Berta Cáceres, lideresa ambiental hondureña asesinada en 2016, se lanza a diputada y lucha para que haya justicia para su madre y el pueblo Lenca. Pide que el proyecto Agua Zarca sea definitivamente cancelado.

No existe mayor tristeza que despedir a un ser querido. No existe mayor muestra de valentía y desprendimiento que secarte las lágrimas y salir a luchar contra la vida misma. Tras el asesinato de Berta Cáceres, su hija mayor, Olivia Zúniga Cáceres, 28 años, convirtió su vida en una cruzada de justicia para su mamá y para el pueblo Lenca.

Tres balazos acabaron con la vida de Berta la noche del 2 de marzo de 2016, en su casa de La Esperanza, Honduras. Lo que no lograron esas balas fue apagar la lucha de un pueblo por sus derechos. Berta se opuso firmemente a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, un enorme proyecto que implicaba derivar aguas del río Gualcarque, sagrado para los lencas.

 

 

 

 

 


Considerada y respetada defensora social y ambiental por los pueblos indígenas y la comunidad internacional, Cáceres ganó el premio Goldman en 2015 –una especie de premio Nobel verde. Antes de su asesinato, fue amenazada más de 30 veces. Antes de irse, logró organizar a su pueblo y dar una fuerte batalla con ellos, contra un proyecto que consideraron nocivo para sus costumbres y vidas por varios motivos.

Primero, porque implicaba ocupar un espacio sagrado para ellos (el río Gualcarque). Segundo, por el eventual desplazamiento del pueblo, y tercero, por la disminución del caudal del río, impactando la pesca y la agricultura. El río, al ser represado, generaría una disminución de las tierras aptas para la agricultura, así como probables inundaciones por descargas de agua en tiempos de invierno, y sequedad prolongada en verano.

Esos motivos no fueron suficientes y el proyecto Agua Zarca –sostiene Olivia Zúniga- fue impuesto a la comunidad Lenca a través de un proceso de consulta completamente irregular, que no respetó sus parámetros de autogobernanza. “Fue una consulta desde una municipalidad, convocada por un alcalde vía un cabildo abierto, que no es una instancia para hacer una consulta de este tipo a un pueblo indígena”. Zúniga cuenta que en los tres cabildos abiertos realizados, la población expresó su total desacuerdo con el proyecto.

“El racismo y la discriminación son problemas estructurales e históricos en Honduras. Debemos dar batalla desde todas las trincheras. La trinchera política electoral es una de ellas, pues el contexto político no es ajeno a lo que nos pasa en nuestros territorios”.

Actualmente, el gobierno de Honduras viene impulsando una Ley de Consulta Previa Libre e Informada, pero en opinión de Zúniga, solo serviría para lavarle la cara al actual Gobierno del país centroamericano, amén de mostrar ante organismos internacionales que cumplen con el convenio 169 de la OIT. “En realidad, esta ley busca quitarle peso sólido a este convenio, que es una herramienta indispensable para garantizar nuestros derechos”.

El Convenio 169 da un tratamiento especial a los pueblos indígenas y en el artículo 6 inciso a, dice lo siguiente: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Zúniga comenta que desde el golpe de Estado del año 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, se entregaron una serie de concesiones sin consulta. “No es casualidad que tres días después del golpe de Estado se hayan otorgado múltiples concesiones que representan más del 30% del territorio hondureño”, sostiene.

 

SER DEFENSORA AMBIENTAL EN HONDURAS ES COMO UNA SENTENCIA DE MUERTE - Cecilia Niezen

OLIVIA ZÚNIGA

 

SENTENCIA DE MUERTE

Según una investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas en Honduras por oponerse “a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras. Murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros fueron amenazados, atacados o encarcelados”. Por ello, Zúniga afirma que ser defensora ambiental en Honduras es casi firmar una sentencia de muerte.

“Mi mami interpuso 35 denuncias y fue asesinada. Ni el pueblo hondureño, ni los defensores de la madre tierra, ni los pueblos indígenas pueden ser paralizados por el mensaje del terror, dolor y miedo que nos quieren dar. Hay que emprender esta batalla con valentía, pues creemos que podemos entregar un país mejor a las próximas generaciones que se lo merecen. Sentar este precedente de justicia va ser muy importante para evitar y prevenir nuevos asesinatos. Nosotros no perdemos la esperanza de que haya justicia para Berta Cáceres y para el pueblo Lenca”, dice.

Hoy, Zúniga es candidata a diputada por el partido Libertad y Refundación Nacional (LIBRE). “Las decisiones del legislativo y de otras instancias del Estado nos afectan y no tenemos ningún tipo de representación que defienda los intereses de la gran mayoría y de los pueblos indígenas. Hemos asumido cambiar esas condiciones estructurales como una opción de vida. Somos conscientes que es necesario darle la batalla a este sistema racista y patriarcal, pues esos poderes conspiraron para acabar con la vida de mi madre”

Ella dirige la Coordinadora Indígena del poder Popular de Honduras (CINPH). Esta entrevista se realizó en el marco del foro internacional “Consulta, Consentimiento Previo Libre e Informado y Autodeterminación”, desarrollado el 13 y 14 de noviembre en México, organizado por Oxfam México.

(Texto y video publicados originalmente en el portal periodístico: La Mula / http://pariorojo.lamula.pe)

Cecilia Niezen

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