Foto: El Peruano

Algunos apuntes sobre la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360)

 

  • Vacas flacas. Se habla de incrementar la recaudación tributaria y se busca con lupa por dónde sumar recursos. La presión tributaria está por debajo del 13% del PBI, lo que puede afectar directamente los servicios (aunque precarios) que recibimos los peruanos y peruanas, así como el gasto social. Para darnos una idea, el promedio de la presión tributaria de los países de la OCDE es del 25% del PBI. ¿Qué hará el Ministerio de Economía y Finanzas para elevarla? En estos días se barajan diferentes opciones. El reciente incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a bebidas azucaradas, alcohol y combustibles ha sido tomado por algunos grupos como una señal facilista y desesperada. La lógica de quienes mantienen esta posición es que no se va a las verdaderas fuentes potenciales de recaudación. Por ejemplo, sincerar exoneraciones, beneficios tributarios o regímenes especiales bastante prolongados en  sectores que ya no los necesitan.
  • ¿Temporal? En 2000, cuando el fujimorato llegaba a su fin, Carlos Boloña era el ministro de Economía y Finanzas, y José Chlimper, el ministro de Agricultura, el Ejecutivo aprobó la Ley 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario. Se trataba de una norma temporal para impulsar este sector, cuya duración sería de 10 años: hasta el 2010. Al igual que en otros sectores productivos como el minero, a través de esta ley se desplegó un conjunto de beneficios “temporales” para impulsar la agricultura de exportación no tradicional, entre otras premisas, por su capacidad para generar empleos. Ojo, no para promover el agro peruano que es bastante más grande y complejo que el sector agroexportador
  • Grandes empresas beneficiadas. Sin embargo, esta Ley, conocida también como la “Ley Chlimper”, benefició (y beneficia) principalmente al sector agroexportador. ¿Ayudó? Sí. Consolidó un sector agroexportador que abrió nuevos mercados internacionales, diversificó productos de exportación no tradicionales, generó empleo y fortaleció corporaciones. Entre las beneficiadas están empresas como Camposol, Gloria, Sociedad Agrícola Virú, Danper Trujillo, entre otras.  Según Ádex, en 2017 el valor de las agroexportaciones fue de US$5900 millones, 10% más que en 2016. Este año se espera una cifra récord. Es decir, el sector camina solo y bastante bien.
  • Impulso a la agroexportación. La ley fue determinante para el crecimiento de estas empresas. Y es que otorgó beneficios bastante generosos. Un impuesto a la renta “a la mitad de precio”. Es decir, no pagan 30% como todas las empresas, sino 15%. Además, empleados bajo un régimen laboral “a la mitad de precio”. Es decir, trabajadores con derechos recortados. Quince días de vacaciones. Si hay despido arbitrario, 15 días de sueldo por año trabajado. Un aporte de la empresa por trabajador de 4% para Essalud (sobre el 9% que pagan las empresas en general), amen de otros beneficios.
  • Ampliación. Unos años antes de que el régimen de promoción del sector agrario culmine, los gremios interesados pidieron su ampliación. Así, en 2006, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, cuando el expresidente PPK era presidente del Consejo de Ministros, se amplió el régimen hasta el 2021. Antes de ello se escuchó la misma cantaleta de amenaza y fatalidad: “si no se amplía el régimen, las agroexportaciones caerán, se perderán miles de empleos… Apocalipsis”.
  • Importancia de la agricultura familiar. Nadie puede negar que la agricultura es la principal fuente de trabajo en el Perú, aunque no precisamente la agricultura de exportación. Ver publicación de Fernando Eguren y Miguel Pintado (Cepes). Esta publicación analiza el gran aporte de la agricultura familiar a la PEA, a la alimentación. Sin embargo, hay un abismo entre la promoción e incentivos a la agricultura de exportación y los beneficios e incentivos a la agricultura familiar. De hecho, cuando esta última ha aspirado o ha pedido créditos, políticas que faciliten insumos, innovación, apoyo concreto para sequías, lucha contra el cambio climático, o la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar, aprobada en 2015, sus representantes han sido tildados de “siempre pedir y pedir” o se ha hablado de un “sector ineficiente, que no se puede ni debe mantener”.  Si crees que la agricultura familiar está subvencionada pues tendrías que afirmar entonces que la agroexportación es mantenida por todos los peruanos y peruanas. Ni la primera ni la segunda afirmación son justas.
  • Derechos laborales precarios. La agroexportación ha generado miles de empleos, pero queda la pregunta: ¿cuál es el costo? Y la respuesta parece simple: precariedad laboral. Un trabajador de segunda categoría. Alta rotación en el campo. Ojo: si una empresa de cualquier rubro tiene que contratar personal por una campaña específica, la temporalidad del contrato laboral se puede entender. En el caso del campo las cosas parecen ser algo más complejas. Supongamos que una empresa, a la cual llamaremos SolViru, contrata trabajadores extra para cada cosecha anual extraordinaria o picos productivos. En los últimos 10 años esta empresa quintuplicó ventas, se benefició de obras de infraestructura e irrigación pública, y cuenta con trabajadores con contrato estable y con trabajadores temporales. En el caso del primer grupo de trabajadores,  ¿por qué si cumplen un rol fijo todo el año deben estar bajo el régimen laboral de esta Ley que los priva de derechos laborales? En el caso de los trabajadores temporales, son tantos años que se repiten temporadas pico o extraordinarias que habría que preguntarse ¿por qué o hasta cuándo tendrán derechos recortados?
  • Vizcarra frente a nuevo pedido de ampliación. El presidente Martín Vizcarra ha dejado entrever que se ampliará el régimen especial agrario pues dice que ha generado beneficios al país, aunque ha dejado la discusión al Legislativo. Es importante señalar que la posibilidad de prórroga de su vigencia forma parte de las facultades delegadas solicitadas al Congreso.
  • Brecha productiva. Mientras la agroexportación sigue consolidándose, la deuda con la agricultura familiar y campesina continúa, es histórica. Hablar de alimentación saludable y lucha contra la anemia desde las políticas públicas será pura ilusión mientras no se le dé la real importancia a quienes producen más del 60% de los alimentos que se consumen en todo el país. Y las brechas de productividad que se están generando a través de políticas diferenciadas, con nombre propio e inequitativas (para la agroexportación todo para la agricultura familiar voy a pensarlo) no hacen más que reforzar los abismos sociales y económicos que persisten históricamente en nuestro país.
  • Asistencialismo. Resulta paradójico que sectores que suelen cuestionar políticas o programas sociales, tildándolos de asistencialistas, mediocres, entre otros adjetivos, estén tras una nueva prórroga (régimen agrario) que de aprobarse y ampliarse hasta el 2041, se consolidaría como una de las políticas de apoyo “temporal” más largas de la historia.
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Cecilia Niezen

2 Comentarios

Juan 29 Mayo, 2018 at 4:41 pm

Acertada y necesaria opinión .

    Cecilia Niezen 31 Julio, 2018 at 7:33 pm

    gracias!

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