Escribe: Cecilia Niezen

Mal uso de recursos públicos en escuela unidocente de Huánuco

La escuela N.º 33454 de Pichipampa, Conchamarca, provincia de Ambo, Huánuco, tiene cuatro alumnos y es uno de los 8925 (*) colegios que tiene un maestro o maestra a cargo de enseñar todos los cursos y de gestionar la dirección del centro educativo.

Como muchas zonas altoandinas del país, Pichipampa es azotada por las heladas, condición que impacta la salud de sus habitantes, así como sus cultivos, principalmente de papa. El escenario ideal para las aproximadamente 60 personas que viven en este caserío, en condiciones de extrema pobreza, es tener vías de acceso (caminos) para comercializar sus productos a precios adecuados, acceder a salud y educación de calidad.

Esa situación —sin embargo— parece tan lejana como la distancia para llegar a Pichipampa desde el ombligo de cualquier ciudad centralista. A 3400 m s. n. m., se debe viajar unas tres horas y media desde Huánuco, entre vías asfaltadas, caminos de tierra y un buen trecho a pie (de subida). De hecho, las familias locales cuentan que las autoridades casi no visitan este caserío.

Y el asilamiento tiene consecuencias graves. El año pasado, los comuneros denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados al mejoramiento de la infraestructura y mobiliario de la escuela. Armando León, quien ha sido miembro de la Apafa, cuenta que el profesor y director, Edgar Salazar, tomó el dinero destinado al mejoramiento de la escuela. “El año pasado le preguntamos por el dinero porque la escuela seguía igual y se requería cambiar el techo de calamina y hacer otras mejoras urgentes, pero el profesor no nos dio respuesta. Se había gastado ese dinero porque no le importan los niños”, manifiesta León.

El monto al cual se refiere el padre de familia lo destina el Ministerio de Educación a todos los colegios del país, de acuerdo a su tamaño, para gastos de infraestructura y mantenimiento. La suma se transfiere de manera directa a la cuenta del director (a través de una cuenta en el Banco de la Nación), que se asume, debe ser una persona de confianza. En el caso de escuelas de áreas rurales de hasta 30 estudiantes, como la de Pichipampa, el Estado entrega anualmente 5000 soles (**).

Tras los reclamos permanentes de los padres de familia, que llamaron la atención sobre el estado precario de la escuela y la nula inversión en ella a pesar de existir fondos, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ambo, intervino y comprobó el mal uso de este dinero. Tras ello, sancionó al profesor Salazar con tres meses de licencia sin goce de haber (desde el 23 de marzo hasta el 23 de junio). Se trata de una sanción administrativa. Al llegar julio, el profesor-director ya está nuevamente a cargo de la escuela, aunque ha pedido una licencia por salud.

Las preguntas caen de maduras. ¿Es suficiente y proporcional una sanción de tres meses por mal uso de recursos públicos orientados a la educación? ¿No se trata acaso de un caso de corrupción? ¿Pueden los padres y alumnos de Pichipampa recuperar la confianza en el profesor-director de la escuela? ¿Cómo supervisar adecuadamente un colegio en una zona tan alejada y en un país tan centralista?

Édgar Salazar, el cuestionado docente, señala que su defensa comprobará que las acusaciones son “completamente falsas” y que ya se destinó el dinero a la escuela. Afirma que él no usó indebidamente los recursos públicos destinados al mejoramiento del colegio y que lo que pasó fue que hubo tardanza en su uso. Pero los comuneros aseguran que Salazar tomó el dinero para uso personal y lo repuso meses después. De hecho, el 31 de octubre del 2017 venció el plazo para que todos los directores presenten la declaración de gastos y la conformidad de las familias con la inversión realizada. No fue el caso de Pichipampa. A mediados de noviembre, la UGEL llegó a la escuela por las quejas de los padres y el profesor admitió que tomó el dinero por problemas económicos, suma que se vio obligado a devolver, según consta en una resolución de la UGEL de Ambo (***).

¿Y la supervisión en la ejecución de los recursos públicos? Sabemos que se trata de un mal nacional. Uno de los problemas que enfrentan las UGEL en el país es la falta de recursos humanos suficientes y especializados. La UGEL Ambo, por ejemplo, cuenta con cinco especialistas de educación primaria para supervisar casi 1600 escuelas de esa provincia, de las cuales 567 son unidocentes. Una labor bastante difícil para cinco personas.

Luis Guerrero, consultor en educación de Enacción.pe, sostiene que las UGEL están saturadas de tareas y que en diferentes casos no poseen personal especializado para la supervisión. En su opinión, se requiere personal capacitado, pero también comprometido, que verifique sobre el terreno que efectivamente se compró e invirtió lo que se consigna en las boletas de gastos que entregan los profesores. Es decir, si una boleta dice que se adquirieron calaminas, pintura o una impresora, verificar que esos materiales hayan sido efectivamente destinados a las escuelas. “No basta con entregar boletas de compra”, señala.

EDUCACIÓN: DERECHO, NO UN PRIVILEGIO

Comuneros de Pichipampa, como Armando León, sienten temor de que el colegio cierre y sus hijos pierdan la posibilidad de estudiar, pues movilizarse al centro educativo más cercano sería imposible: se encuentra en el centro poblado La Libertad, a dos horas y media a pie. Además, no están de acuerdo con el regreso del profesor, ya que la confianza —elemento fundamental entre las autoridades de un centro educativo, los alumnos y padres de familia— se ha quebrado. “Nuestros hijos no aprenden. Les hicieron un examen y tenían un retraso de dos años. Ni escribir saben y uno de ellos tiene 11 años”, cuenta Armando. Habla desde el temor de perder la educación, la que siente a veces como un privilegio y no como un derecho.

No se puede negar la complejidad de dirigir con éxito la calidad de enseñanza de miles de escuelas rurales dispersas en el país y reducir las crecientes brechas educativas entre los ámbitos rural y urbano, pero tampoco se puede negar la desidia de muchas autoridades que permiten casos como el de Pichipampa.  A pesar de existir un fondo para el mejoramiento de la escuela, la fuerte humedad carcome las paredes de adobe y penetra sin piedad.

¿Cuántas Pichipampas hay en el Perú? ¿Cómo defender el derecho de Sebastián, Irving, Gabriel y Juan David, alumnos de la escuela de Pichipampa, a una educación de calidad? En condiciones de pobreza extrema y frío extremo, tener que lidiar con autoridades de espaldas, y con la corrupción, es demasiado.

(*) Fuente: Ministerio de Educación, Padrón de Servicios Educativos, consultado el 20 de junio de 2018.
(**) Fuente: Resolución de Secretaría General N.º 054-2018-Minedu.
(***) Fuente: RD UGEL-AMBO N.º 688, p. 6.

Etiquetas: ,
Cecilia Niezen

0 Comentarios

Deja un comentario