¿Se acabó la banca de fomento al sector agrario?

En el complicado escenario político, un proyecto del Ejecutivo busca convertir Agrobanco (casi en quiebra) en una nueva entidad: Mi Agro S.A. No hay claridad sobre su modelo de gestión y crecen las preguntas sobre la situación económica de la única entidad financiera pública de fomento a la pequeña agricultura (en teoría, pues sus principales deudores son grandes empresas). 

El sector agrario es el principal generador de empleo en el país, pero muchos productores y productoras se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. De acuerdo al último Censo Agrario – Cenagro 2012, el número de productores agropecuarios en Perú asciende a 2,2 millones. La producción, comercialización y venta de sus productos es esencial para sus economías, así como lo es contar con un brazo financiero que sea parte de una política de Estado para impulsar esta actividad.

Y es que para la banca privada la pequeña agricultura no representa un segmento interesante. Las tres principales razones para denegar un crédito a este sector, según el Cenagro, son: falta de garantías (43,7%), no tener título de propiedad de la tierra (14,8%), e incurrir en incumplimiento de pago de créditos anteriores (5,6%).

Agrobanco debería cubrir buena parte la necesidad de crédito de pequeños y medianos productores, especialmente en zonas rurales. En su memoria institucional de 2017  se consigna lo siguiente: “Agrobanco prioriza sus operaciones de crédito hacia los medianos y pequeños productores agropecuarios asociados, comunidades campesinas y comunidades nativas, empresas comunales y empresas multicomunales de servicios agropecuarios”.

Sin embargo, la entidad enfrenta y arrastra una situación financiera compleja desde hace varios años, y su deuda y cartera de clientes morosa la colocan al borde de la quiebra. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura y Riego, ha presentado un proyecto de Ley[1]para convertir esta empresa pública en Mi Agro S.A.

Esta semana, Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, señaló en el Congreso de la República que Mi Agro asumiría el capital de Agrobanco: tanto activos (más de S/ 1.100 millones), como pasivos (deudas financieras que superan los S/ 800 millones). Al igual que Agrobanco, la nueva entidad estaría en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Agrobanco y Mi Agro?  No hay claridad al respecto, pero la principal sería que la nueva entidad no estaría regulada por el régimen de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El modelo de gestión de la entidad propuesta apunta a ser un Fondo o una banca de segundo piso donde se disminuye (en teoría) la gestión del riesgo, que es asumida principalmente por entidades financieras que sí están bajo el régimen de la SBS.

Si bien el Gobierno asegura que desde la nueva entidad continuarán las colocaciones de créditos y/o garantías a pequeños productores agropecuarios, parece que olvida la importancia de una banca de fomento, y lo arbitrario que puede ser comparar indicadores de rentabilidad de la banca tradicional con los de una banca de desarrollo. El solo hecho de avanzar en la inclusión financiera de un sector, que es la despensa de alimentos del país,  ya es una ganancia, que claro, no suma en el corto plazo en los balances.

COLAPSO

¿Por qué las experiencias de financiamiento público en el sector agrario no terminan bien? Uno de los determinantes de la situación actual de Agrobanco se remontaría a 2013 cuando se modificó el estatuto de la institución y se elevó el monto máximo de préstamos individuales de hasta un máximo de 3% del patrimonio a 20% del patrimonio.

Bajo ese esquema, si se usa el patrimonio de la entidad en 2017 (S/ 317 millones) y se hace un simple ejercicio, con el cambio en el estatuto la entidad podría prestar aproximadamente S/ 60 millones. ¿Puede una empresa pequeña pedir y pagar ese monto de préstamo? No. Tal vez una empresa mediana o grande sí.  Y ¿qué pasaría si uno de los clientes a quienes les prestaste las más altas sumas no pagan? Eso es justamente lo que pasó.

Las tres principales empresas deudores de Agrobanco son empresas grandes y deben más de S/100 millones:  Cultivos Ecológicos del Perú (S/ 61 millones), Agroindustrias Terranova (S/ 4 millones) y Agrícola Yaurilla (S/ 59 millones). Todo un festín.

¿No que Agrobanco se dirigía a impulsar la pequeña y mediana agricultura? El cambio de estatuto en 2013 desnaturalizó la función del banco, y las nuevas responsabilidades asumidas por colocaciones de montos cada vez más altos (hasta 20% del patrimonio),  sumaron a la crisis que enfrenta hoy la entidad. Una crisis que afecta principalmente a los pequeños productores. Y de este segmento, que requiere créditos, no proviene la mayor morosidad. Esta proviene de la cartera pesada, es decir, de grandes empresas.

Luis Palomino, actual presidente de Agrobanco, sostuvo al portal Agraria.pe que la morosidad de los grandes clientes es de 62%, mientras que la de los clientes objetivos, pequeños productores agrarios, es de 27,8%. Además, las grandes empresas representan el 1% de clientes y concentran más del 50% del saldo de cartera.  ¿Por qué no pagan? ¿Bajo qué criterios se les asignó créditos?

Así, en días bastante turbios para el país, lo que sucede en el sector agrario despierta suspicacias sobre los verdaderos beneficiados de estas movidas. En contraste, lo que se está jugando puede tener impactos dramáticos en la vida de miles de productores peruanos y en el erario.

[1]Proyecto de Ley Nº 3090/2017-PE.

Foto: Andina

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Cecilia Niezen

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