Mientras el Ministerio de Energía y Minas (Minem) continúa impulsando en diferentes espacios el proyecto de ley de promoción de la industria de hidrocarburos, el Ministerio del Ambiente (Minam) emitió opinión sobre el texto sustitutorio del dictamen aprobado en junio pasado, señalando que “no se le solicitó opinión formal para abordar asuntos que se enmarcan en la competencia de este sector” y que se han efectuado modificaciones sustanciales.

Entre varias observaciones formuladas, el Minam cuestiona el Artículo 4 del proyecto de ley que dice lo siguiente: “Las normas o dispositivos reglamentarios de otros sectores o niveles de gobierno que tengan incidencia en las actividades de hidrocarburos, deberán contar con la previa opinión favorable vinculante del Minem para ser aprobados o emitidos, según corresponda, salvo lo dispuesto en la norma XIV del Título Preliminar del Código tributario”.

El mismo artículo del proyecto señala que las normas y dispositivos reglamentarios que no cuenten con la previa opinión favorable del Minem no tienen eficacia jurídica y son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que los aprueben.

Sobre este punto, el Minam aclara que es el ente rector del sector ambiental, así como la institución que desarrolla, dirige y supervisa la política ambiental del país. Precisa que las normas que expiden son transversales y transectoriales, aplicables y con injerencia en todos los sectores, entre ellos Energía y Minas. Además, que en su calidad de rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las propuestas normativas que promuevan no pueden estar supeditadas a la opinión vinculante de un sector (en este caso Energía y Minas).

Lejos de lo que sostiene el gremio petrolero y el Ministerio de Energía y Minas a favor del proyecto de ley, el Minam asegura que el Artículo 4 debilita su función rectora en la toma de decisiones relacionadas con la protección ambiental.  “Se estaría generando un marco de incertidumbre jurídico respecto de las normas que requerirían de dicha opinión previa favorable vinculante, la cual incluso es sancionada en su incumplimiento por el propio proyecto de ley, con la nulidad de pleno derecho, situación que afecta el principio de seguridad jurídica”, dice el oficio firmado por Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, enviado al Congreso el 21 de agosto pasado.

El Minam propone la siguiente reformulación del Artículo 4, retirando la palabra “vinculante” del mismo:

Las normas o dispositivos reglamentarios que dictan otros sectores u otras entidades del gobierno central, regional o local, relacionadas a actividades de promoción de hidrocarburos, deberán contar con la opinión favorable previa del Ministerio de Energía y Minas, salvo lo dispuesto en la Norma XIV del Título preliminar del Código Tributario.

Sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto de ley (literal K del Artículo 6), permitiría a Perupetro, empresa estatal responsable de negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en Perú, levantar información (línea base) sobre los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales de los lotes a ser promocionados y puestos a disposición de inversionistas. Sobre este punto, el Minam señala que los estudios de impacto ambiental deben ser elaborados por entidades autorizadas que cuenten con equipos profesionales de diferentes especialidades y con experiencia en manejo ambiental y social. Además, que esta situación afectaría la calidad técnica de los estudios ambientales pues Perupetro no cuenta con las capacidades necesarias para elaborar la línea base de un estudio ambiental. Por otro lado, se desnaturalizaría el mismo proceso de elaboración de estos estudios en el marco de las normas del SEIA y de las normas sectoriales.

ENERGÍA Y MINAS INSISTE CON LA NORMA

Pese a que la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este proyecto de ley y alertó a las autoridades sobre la reducción de estándares ambientales que implicaría su aprobación, la semana pasada, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, sostuvo que era importante que el país cuente con una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (modificaría la Ley 26221 de 1993) para promover las inversiones en este sector, y aseguró que la normativa no entraba en conflicto con las regulaciones del Ministerio del Ambiente.

Durante los últimos 30 años la producción diaria de petróleo se redujo a la mitad, según el gremio petrolero. El Perú produce aproximadamente 45 mil barriles diarios de petróleo de los 180 mil que consume. Pero la crisis de los hidrocarburos se focaliza en el subsector petróleo, pues la producción de gas y líquidos de gas natural (GLN) está regularmente abastecida por Camisea.

Frente a este escenario, el polémico proyecto de ley, que modifica más de 30 artículos de la antigua Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en el fujimorato, ampliaría contratos petroleros, varios de los cuales están por vencer, hasta 60 años.

El proyecto de ley, que podría discutirse este mes en el Pleno del Congreso, se impulsa en un escenario de conflictos sociales, muchos de ellos vinculados a numerosos derrames petroleros principalmente en la Amazonía norte del Perú. Las comunidades nativas afectadas exigen la remediación ambiental de sus territorios y atención urgente en salud. Se enmarca también en un contexto global de impulso a las energías renovables no convencionales, las cuales no alcanzan ni 5% de participación en la matriz energética primaria de Perú.

Foto: OEFA

Dato del Observatorio Petrolero

Según los resultados preliminares del Estudio Toxicológico-Epidemiológico desarrollado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección al Ambiente (CENSOPAS), el 57% de la población indígena del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, tendría niveles de plomo en la sangre por encima de los estándares recomendable para la salud.

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Cecilia Niezen

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